La Cámara de Representantes sancionó una ley para potenciar acciones tendientes a garantizar el derecho a la identidad de origen y maximizar los recursos legales e institucionales disponibles a favor de toda persona que presuma que su identidad ha sido suprimida o alterada. Implica que se deberán proporcionar instrumentos que posibiliten el acceso a toda información relacionada con la propia identidad de origen y que conste en los diferentes registros de organismos públicos y privados de la provincia.
Serán beneficiarias de esta ley las personas que presumen que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento, cualquiera sea la fecha en que ésta se hubiera producido. La norma abarca a aquellas personas que presuman que la identidad de un familiar, hasta el segundo grado de parentesco, ha sido suprimida o alterada.
La ley unificó dos proyectos presentados por la diputada Rita Núñez y la ex legisladora Inés Minder. En los fundamentos de su iniciativa, Núñez afirmó que “el derecho a la identidad tiene entre sus implicancias y alcances más relevantes, la de constituir un derecho consustancial a los atributos y a la dignidad humana; es un derecho que preexiste como parte indisoluble de la dignidad originaria de las personas, sujetos y titulares plenos de derechos y libertades fundamentales, cuyo ejercicio están obligados a garantizar los estados”.
Previo a la votación y aprobación en el recinto, Núñez señaló que esta norma “tiene un valor instrumental para el ejercicio de determinados derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de tal manera que su plena vigencia fortalece la democracia y el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales”.
Agregó Núñez que, “como representantes del pueblo, escuchamos los pedidos de personas que están esperando estas herramientas legislativas para acceder y fortalecer sus derechos; y el fin es garantizar el derecho de origen en nuestra provincia”.
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