En materia de identidades genéricas, lo que opera en Argentina desde hace tiempo no es precisamente la agenda feminista, sino la agenda de la así llamada ideología queer: un tipo de relativismo postmoderno para el cual la única realidad es la que cada uno perciba y construya, y la única ética, la del propio deseo
La creación de Ministerio de los Géneros, con un presupuesto equivalente al 3,4 del PBI argentino y récord de empleados públicos, ha consagrado el relato de un avance incomparable en materia de géneros y diversidades. La avanzada es en efecto incalculable, pero no en el sentido del relato instituido a favor de la inclusión y el reconocimiento, sino en el sentido del borrado de los derechos humanos de mujeres y niñas, convertidas de facto en uno más de los géneros identitarios que promueve el Ministerio homónimo.
En materia de identidades genéricas, lo que opera en Argentina desde hace tiempo no es precisamente la agenda feminista, sino la agenda de la así llamada ideología queer: un tipo de relativismo postmoderno para el cual la única realidad es la que cada uno perciba y construya, y la única ética, la del propio deseo. Este relativismo individualista constituye hoy la agenda cultural del neoliberalismo y el brazo ideológico de sus grandes corporaciones, muchas de las cuales se disfrazan de organizaciones filantrópicas y de derechos humanos con el objetivo de financiar políticas públicas identitarias. Industria médica, big pharma, transnacionales del sexo, agencias reproductivas, experimentación transhumanista con niños, etc., se amparan en el relato de los sentimientos identificatorios a efectos de desregular el mercado de los cuerpos, principalmente el de mujeres y niñas.
La condición sine qua non para el funcionamiento de esta agenda es la eliminación del “sexo” como realidad material objetiva, pública y sobre todo legal. Este es el principal objetivo de los Principios de Yogyakarta, una especie de Manifiesto colectivo que se ha introducido en las políticas públicas de Argentina como si tuviese algún estatuto jurídico vinculante. En su artículo 31 a, tales Principios exigen eliminar el registro del sexo por considerarlo irrelevante y discriminatorio de las minorías que se autoperciben en otros cuerpos. Lo que se debería registrar en lugar del sexo es la “identidad de género”, vale decir, el modo íntimo y subjetivo en el que cada uno se imagina.
Sucede que el “sexo” es el marco regulatorio de los derechos humanos de las mujeres, los mismos que reclaman igualdad sustantiva entre varones y mujeres, condenan la violencia de la prostitución, la explotación reproductiva, la amputación de órganos o miembros, la brecha salarial, la feminización de la pobreza, la triple jornada laboral, la escasa representación política, etc. Sustituir el sexo registral por el sentimiento profundo de “los géneros” significa invisibilizar los derechos humanos de las mujeres e introducir un perspectiva relativista e individualista donde los derechos son aquello que cada uno perciba y desee, siempre y cuando pueda pagarlos.
Tal es la verdadera razón por la cual mujeres y varones nos encontramos hoy ante la rápida expansión de un “lenguaje inclusivo” que lo neutraliza con el all inclusive sintagma “e”, como si fuésemos sexualmente neutros y el sexo algo creado a partir de la imaginación de cada cual. Tal es también la razón por la cual la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo eliminó la categoría legal “mujer” del Código Penal y la sustituyó por “persona gestante”, que podrá ser varón, andrógino, asexo, tres espíritus, demisexual o pangenérico. Lo mismo vale para la persona menstruante, que amamanta, fecunda o eyacula. La ESI con perspectiva de identidad de género avanza con fuerza y enseña a los niños que el sexo es una asignación cultural arbitraria que pueden modificar a voluntad. Mientras que una resolución de la Inspección de Justicia del año pasado prohibió la existencia de organizaciones exclusivas de mujeres, cualquier varón que se autodesigne mujer podrá acceder al cupo femenino, baños, deportes, cárceles o refugios de mujeres víctimas de violencia machista, por mencionar unos pocos espacios ahora mixtos. La última novedad ha sido la eliminación del sexo del registro del CUIL, lo cual nos deja la incógnita sobre cómo el Estado medirá estadísticamente la situación laboral y económica de las mujeres, base de políticas de igualdad y asignación de recursos y partidas.
El abultado presupuesto del Ministerio de los Géneros está a disposición de un adoctrinamiento cultural que nos haga creer que el sexo, sobre todo de mujeres y niñas, es una libre determinación perceptiva que podemos construir, vender y comprar. Dicho de otro modo, a disposición de las corporaciones que buscan desregular el mercado de los cuerpos, ahora neutros.
Pero realidad mata relato. Estamos ante un retroceso incalculable, con los mayores niveles jamás vistos de pobreza, desempleo y violencia contra mujeres y niñas. Ellas son las que están en la mira de la agenda globalista, muy bien representada en el nuevo Ministerio.
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