El presidente Alberto Fernández firmó la derogación de las medidas migratorias dispuestas por anterior gobierno, que ya habían sido objetadas por Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El decreto 138/2021 lleva a firma del presidente Alberto Fernández.
El Gobierno derogó este viernes un decreto de la presidencia de Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que esa
norma "resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos", medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS).
El Decreto 138 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete
deroga el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.
A través de un comunicado, Amnistía Internacional respaldó la determinación oficial,
en virtud de que el decreto derogado "violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina".
"Desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la
Argentina de parte de organismos internacionales", dijo a Télam la directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, Mariana Fountoura Marques.
La nueva normativa restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70" y crea una
"Comisión Asesora de Política Migratoria que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871".
Asimismo, el CELS también apoyó la decisión al considerar que implica "un paso fundamental para garantizar más igualdad de
derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar".
"El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una
política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata", indicó el
CELS en su cuenta de Twitter.
Además, el decreto derogado "significó un giro en el rol que Argentina mantenía a nivel regional y mundial desde la Ley de
Migraciones en 2004" y "formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes", aseguraron desde el CELS.
Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que "hoy es un día de celebración" porque "la política migratoria argentina vuelve a estar a la vanguardia y a ser faro y garantía del ejercicio de los derechos
humanos de los migrantes".
"El decreto derogado reformaba de manera inconstitucional la Ley de Migraciones y fue cuestionado por organizaciones de
derechos humanos en Argentina, organismos internacionales y en causas individuales y procesos judiciales colectivos", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.
En tanto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, tuiteó que la medida "es incomprensible" porque "en lugar de pensar
en la gente, derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes" y agregó que "el que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la
Argentina".
En el mismo sentido se pronunció la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, al señalar en un tuit que "el Presidente le manda un
mensaje a los delincuentes y a los narcos" y que el Gobierno pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país, algo que nosotros impedimos con un
decreto y ellos lo derogaron".
La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, salió al cruce de las críticas opositoras, al señalar
que "es mentira la información deliberadamente malintencionada que están
dando algunos dirigentes de la oposición" porque "los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el Decreto 70 y en la
ley que se restituye hoy".
En ese sentido, la funcionaria resaltó que el artículo 29 inciso C de la ley vigente establece claramente que no podrán
ingresar al país "quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en la Argentina, en el exterior" o quienes tengan "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o
por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas (...)".
Carignano dejó en claro que "el Decreto 70 fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en
Migraciones durante la gestión macrista".
"Fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en
sentimientos xenofóbicos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia", completó.
Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR) anunció en un comunicado que junto a su par y titular del radicalismo,
Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto derogado el viernes, ya que "el Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad
de los argentinos".
También el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró en su cuenta de Twitter que "el Gobierno sigue retrocediendo y
lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos".
El exsenador y actual integrante de la AGN, Miguel Pichetto, dijo por la misma red social que "no hay que permitir el ingreso
de extranjeros con antecedentes penales" y que la norma "facilita el narcotráfico y las organizaciones delictivas", por lo que es un grave error que denota una carencia de sentido
común".
El decreto derogado "modificó aspectos sustanciales" de esa ley, según figura en los considerandos de la norma, y como
resultado se observan violaciones a los derechos humanos, como el debido proceso, asistencia y defensa legal y la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del migrante sin definir las
causas que la habilitan, entre otros.
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